En la República Dominicana se debate el futuro del cine local, una polémica que trasciende el ámbito cinematográfico y toca cómo un país proyecta su identidad y equilibra el fomento cultural con la rentabilidad económica. En el corazón de la controversia está la propuesta del presidente Abinader de eliminar los incentivos fiscales a ese sector. Esta decisión requiere una reflexión profunda sobre el presente y el futuro del entretenimiento en el país.
Promulgada en 2010, esta ley ha sido un motor fundamental para la creación de películas y documentales en un país donde el sector cultural carece de apoyo. Los incentivos incluyen la deducción del 25% del impuesto sobre la renta para empresas que patrocinen proyectos y la exoneración en la importación de equipos. Gracias a esta legislación, se ha fomentando un ecosistema que apenas existía, del cual han salido producciones reconocidas por su calidad como “Veneno” y “La Gunguna”.
Los críticos argumentan que la ley se utiliza para eludir impuestos mediante prácticas como el «cashback», donde el productor devuelve hasta un 70% del aporte al patrocinador, convirtiendo el beneficio en una herramienta de especulación financiera. Aunque eliminar estos apoyos parece una solución, hacerlo podría ser un golpe letal para un sector que aún busca identidad y relevancia. ¿Podemos permitirnos dejar morir una industria cultural sin darle la oportunidad de reinventarse? La solución es transformarlos y expandirlos a otras formas de expresión artística.
Propongo un enfoque ambicioso: aprobar el «Código Naranja», una normativa que abarque, además del cine, al teatro, la radio, la literatura y la televisión. El apoyo del Estado debe abarcar todas estas manifestaciones, generando un entorno donde los creadores puedan soñar y actuar con grandeza.
Debemos reflexionar sobre cómo lograr que el dinero del contribuyente no solo promueva la producción cultural, sino que también genere resultados tangibles y sostenibles. Para lograrlo, un enfoque más inclusivo y riguroso podría garantizar que los apoyos fiscales lleguen a proyectos que realmente impacten a la sociedad y contribuyan a la cultura nacional.
Para ello convirtamos en crédito fiscal los 15 mil millones de pesos que el Estado destina anualmente a publicidad. De este modo, en lugar de que el gobierno asigne estos recursos directamente, las empresas y personas físicas podrían deducir sus aportes a la cultura del pago del impuesto sobre la renta, hasta un 5% del monto total. Esta medida democratizaría la asignación de recursos, despolitizaría la publicidad oficial y superaría el mal hábito de comprometer la línea editorial de los medios o las opiniones de artistas, comunicadores e influencers con los intereses del partido de gobierno.
Otra estrategia para promover la calidad sería premiar la excelencia. Si una producción dominicana es nominada a los premios Oscar, Goya, o es adquirida por plataformas como Netflix, Disney, Hulu, Amazon, Paramount o HBO, el crédito fiscal para las empresas patrocinadoras podría incrementarse hasta un 50%. Esto también aplicaría si una obra teatral alcanza las 50 presentaciones en Broadway o si una serie dominicana es nominada al Emmy. Esta estrategia recompensaría el esfuerzo y el reconocimiento internacional, promoviendo una competencia sana y un verdadero compromiso con la calidad.
Los incentivos deben ser la base para que el árbol cultural crezca, madure y eventualmente produzca contenido con verdadero valor artístico. La propuesta del Código Naranja podría ser la clave para transformar el apoyo estatal y fomentar una cultura de excelencia y compromiso.
Transformemos los incentivos, blindemos los recursos, exijamos excelencia y respaldemos a nuestros creadores con una visión de futuro. Apostar por la cultura no es un lujo, es una necesidad. La República Dominicana merece ser contada, no solo con palabras, sino con imágenes, voces e historias que resuenen más allá de nuestras fronteras.
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