El reciente fracaso de la reforma fiscal propuesta por el gobierno dominicano subraya una gestión inadecuada tanto en su formulación como en su enfoque estratégico. Presentada sin un consenso previo con sectores productivos, actores sociales ni fuerzas políticas, esta propuesta provocó rechazo inmediato, evidenciando la desconexión del gobierno con las expectativas ciudadanas y las demandas de eficiencia fiscal.
Las cifras fiscales actuales ilustran un escenario alarmante. En 2024, el déficit fiscal se proyecta en RD$231,312.1 millones, equivalente al 3.1% del PIB, mientras que el déficit cuasi fiscal del Banco Central se sitúa en RD$127,234.4 millones o 1.8% del PIB, elevando el déficit consolidado del Estado a un preocupante 5% del PIB.
Este contexto refleja un modelo de gasto ineficiente, donde las prioridades se desvían hacia pensiones privilegiadas, una nómina pública sobredimensionada y un gasto excesivo en publicidad oficial, erosionando tanto los recursos públicos como la confianza social.
Con un gasto total equivalente al 18.5% del PIB, la actual estructura del presupuesto es insostenible y limita severamente la capacidad del país para invertir en áreas estratégicas que impulsen el crecimiento. La sociedad dominicana ha dejado claro que no aceptará más cargas fiscales sin un compromiso visible de eficiencia y austeridad por parte del gobierno.
Para recuperar la confianza y asegurar la sostenibilidad, propongo un pacto fiscal responsable que se despliegue en tres fases, combinando austeridad, justicia tributaria y eficiencia recaudatoria.
- Reducción del Gasto Corriente (2025):
El gobierno debe recortar 1.5% del PIB del gasto corriente, eliminando gastos superfluos como publicidad excesiva y racionalizando la nómina pública y las pensiones. Esta medida demostrará un compromiso real con la disciplina fiscal y sentará las bases para un uso más eficiente de los recursos públicos. - Revisión de las Exenciones Fiscales (2026):
En 2026, se debe reestructurar el régimen de exenciones fiscales para lograr un ahorro adicional del 1.5% del PIB, asegurando que estas reformas no afecten el ITEBIS en productos esenciales. Esto garantizará que la carga fiscal sea distribuida de manera equitativa y sin perjudicar a los más vulnerables. - Control de Evasión y Aumento de Recaudación (2027):
Un plan robusto contra la evasión y la elusión fiscal debe incrementar las recaudaciones en 1.5% del PIB para 2027. Esta iniciativa requiere el fortalecimiento de la administración tributaria y una mejora en los sistemas de control fiscal para asegurar que todos contribuyan según su capacidad.
Con estos ajustes en marcha, el gobierno podrá plantear, para enero de 2028, una reforma tributaria que constituya una nueva fiscalidad y aumente la presión impositiva en 2% del PIB. Esta nueva estructura debe simplificar la matriz impositiva, incentivar la inversión y fomentar la creación de riqueza, garantizando un sistema más justo y eficiente que sostenga el desarrollo a largo plazo.
Este enfoque gradual no solo permitirá al país alcanzar una economía de déficit cero, sino que también fortalecerá la confianza ciudadana en la gestión pública. Un pacto fiscal real, que combine austeridad con una recaudación eficiente, es esencial para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible.
La República Dominicana necesita líderes capaces de tomar decisiones valientes y responsables. Esta es la oportunidad de transformar la estructura fiscal del país, sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo.
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