Las grandes crisis nacionales rara vez comienzan el día en que estallan. Son el desenlace de procesos prolongados, advertencias desatendidas y decisiones que, por conveniencia económica, comodidad política o incapacidad institucional, se posponen hasta que sus consecuencias resultan difíciles de revertir.
Francia ofrece una experiencia que República Dominicana debería examinar. Durante décadas recibió oleadas migratorias, principalmente de sus antiguas colonias africanas. Aquella inmigración, inicialmente laboral, dio paso al establecimiento de familias, nuevas generaciones y profundas transformaciones demográficas.
Hoy, Francia enfrenta tensiones de integración, identidad, seguridad y convivencia. Aunque sería incorrecto atribuir todos sus conflictos a la inmigración, tampoco puede ignorarse su importancia en el debate nacional.
La pregunta es inevitable: ¿está República Dominicana recorriendo un camino que podría conducirla a conflictos semejantes?
Mi hipótesis es que experimentamos una transformación demográfica acumulativa, impulsada por una inmigración haitiana persistente y deficientemente administrada, cuyas consecuencias podrían desbordar la capacidad de respuesta del Estado.
La inmigración haitiana dejó de ser exclusivamente fronteriza. Es un componente estructural de nuestra economía. La agricultura, la construcción y diversas actividades de servicios dependen considerablemente de trabajadores haitianos. Hemos consolidado un modelo productivo que necesita esa mano de obra mientras proclamamos la necesidad de controlar la inmigración irregular.
Pero el problema trasciende la economía: la inmigración laboral puede convertirse, con las generaciones, en una transformación demográfica permanente. Nuestro sistema educativo ofrece señales de ese proceso. Según estadísticas oficiales, la matrícula de estudiantes haitianos en escuelas públicas pasó de 49,486 en 2015-2016 a 149,624 en 2023-2024. Prácticamente se triplicó en ocho años.
¿Cuántos nacieron en territorio dominicano? ¿Cuál es su situación documental? ¿Cómo evolucionará esa población? ¿Qué implicaciones tendrá para nuestra estructura económica, social y cultural? Más inquietante todavía: ¿dispone el Estado de información confiable para responder?
La indocumentación, los deficientes controles migratorios y la falta de registros actualizados dificultan medir el fenómeno. A ello se suma nuestra frontera con Haití, un Estado sumido en una profunda crisis institucional, económica y de seguridad.
Mi preocupación es que estemos subestimando sus consecuencias acumulativas. Las poblaciones establecidas desarrollan vínculos, intereses y reivindicaciones. Sus nuevas generaciones pueden plantear demandas de reconocimiento y participación que, en contextos de debilidad institucional y tensiones identitarias, deriven en conflictos de gobernabilidad.
No sostengo que ese desenlace sea inevitable. Sostengo que sería irresponsable ignorarlo.
La soberanía no consiste solamente en custodiar fronteras, sino en la capacidad del Estado para aplicar sus leyes, administrar su territorio y anticipar las transformaciones que determinarán el futuro nacional. Necesitamos, por tanto, cinco decisiones concretas:
Primero, un censo migratorio extraordinario que permita identificar la población extranjera, verificar su documentación y establecer su distribución territorial y situación jurídica.
Segundo, un sistema integrado de control migratorio y laboral, con inspecciones permanentes, intercambio de información institucional y sanciones efectivas a empleadores que incumplan la ley.
Tercero, un plan para reducir gradualmente la dependencia laboral extranjera mediante capacitación técnica, mecanización agrícola, mejores condiciones salariales e incentivos a la contratación formal de dominicanos.
Cuarto, fortalecer la seguridad fronteriza con tecnología, inteligencia y persecución de las redes criminales, garantizando la aplicación de la ley y las debidas garantías jurídicas.
Quinto, establecer una planificación demográfica y educativa a veinte años, basada en proyecciones territoriales y evaluación permanente de los servicios públicos.
Estas medidas requieren presupuesto, responsables y plazos verificables. No bastan operativos aislados ni discursos de ocasión.
Francia debería servirnos de advertencia sobre las dificultades de administrar transformaciones acumuladas durante generaciones.
El mayor riesgo para República Dominicana no es solamente perder el control de sus fronteras, sino descubrir, dentro de veinte o treinta años, que también ha perdido la capacidad de administrar las consecuencias de una inmigración que nunca supo regular. Porque la pregunta verdaderamente trascendente no es cuántos haitianos residen hoy en nuestro territorio, sino qué República Dominicana estamos construyendo para las próximas generaciones.
